Cd. de México (4 de febrero de 2021).- El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Artemio Zúñiga Mendoza, dictó la noche de ayer prisión preventiva justificada en contra de Alonso Ancira Elizondo, al considerar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga, razón por la que permanecerá internado en el Reclusorio Norte a partir de ahora y hasta que se defina su situación jurídica.
El juzgador acordó celebrar el próximo martes a las 10:00 horas, la audiencia en la que resolverá si el empresario es o no vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero.
Tras concluir la audiencia inicial, a la 21:18 horas, el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) ingresó al interior del reclusorio a través de un acceso del recinto judicial.
El impartidor de justicia desestimó concederle a Ancira la libertad provisional bajo los términos solicitados, es decir, con un brazalete electrónico, la entrega de sus dos pasaportes, la presentación periódica den la Unidad de Medidas Cautelares y el pago de una garantía de 2 millones de dólares.
Consideró fundadas las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para presumir que existe el riesgo fundado de que el empresario pueda darse a la fuga.
La FGR expuso en la audiencia que el imputado carece de arraigo, debido a que cuenta con dos domicilios en la Ciudad de México y uno en Monclova, Coahuila; además de que su capacidad económica le brinda la facilidad de salir del país y de que fue conducido al procedimiento penal mediante un juicio de extradición.
Para Ancira, quien este jueves pasará su primera noche en una cárcel mexicana, ahora el mejor escenario es que el próximo martes el juez Zúñiga determine no vincularlo a proceso, porque con esa resolución saldría de prisión.
Pero para eso el juez tendría que llegar a la conclusión de que la imputación carece de los datos básicos y mínimamente necesarios, algo que no sucedió con Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, quien en julio pasado fue procesado por el mismo expediente del caso Agronitrogenados.
Si el juez Zúñiga resuelve vincularlo a proceso, la estancia de Ancira en el Reclusorio Norte será más larga e indeterminada.
El delito de lavado que le imputan a Ancira está relacionado con un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares que habría dado a Emilio Lozoya para que la empresa productiva del Estado comprara a AHMSA la planta «chatarra» de Agronitrogenados en 2013.
La FGR sostiene que los 273 millones que se pagaron por esa planta a la empresa de Ancira es 10 veces mayor al costo real. A su vez, también sostiene que los recursos del aparente soborno fueron empleados por Lozoya para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Defensa de Ancira ofrece negociar acuerdo reparatorio
Alonso Ancira ofreció negociar con la Fiscalía General de la República un acuerdo reparatorio, a cambio de que le retiren la acusación de lavado de dinero por el Caso Agronitrogenados y así obtener su libertad el próximo martes. Al mismo tiempo, su defensa descartó el interés por buscar un criterio de oportunidad o convertirse en testigo protegido -lo que implicaría delatar a otros implicados, a cambio de que la Fiscalía General de la República se desista de la imputación-, beneficios que no le han sido ofrecidos por la autoridad.
Al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde esta noche un juez le dictó la prisión preventiva justificada al empresario, su abogado José Luis Castañeda dijo que manifestó en la audiencia su voluntad de iniciar una negociación para retirar los cargos.
“Tenemos dos opciones, estamos hablando de sentarse y negociar una reparación del daño, bueno, por supuesto que eso extingue la acción penal. Lo dejamos abierto para la Fiscalía, ahora sí que ellos nos contesten, lo dejamos abierto precisamente para esta circunstancia”, agregó.
“Negociación es negociación, hay que sentarnos ¿cuánto nos piden? ¿cuánto está dispuesto mi cliente a dar? Y empezar a negociar; si él acepta 200 millones (de dólares), aceptó, pero no hemos empezado jurídicamente una negociación”.
El litigante añadió en entrevista que en este momento no existe un planteamiento con una suma económica específica, sino solo un ofrecimiento para una negociación entre las partes.
Castañeda reconoció que el delito de lavado de dinero no contempla la figura de la reparación del daño, sin embargo, dijo que el juez reconoció en la audiencia que Pemex tiene la calidad de ofendido, motivo por el que esta entidad podría reclamar una afectación a sus intereses.
“El juez reconoce personalidad a Pemex como un ofendido, entonces, tenemos allí ya a una posible víctima o, como le llamó el juez, una víctima indirecta”, aseveró.
Cuestionado con relación a si Ancira aceptaría acogerse a un beneficio como el criterio de oportunidad o convertirse en testigo protegido, para que la FGR retire la imputación de lavado, el abogado descartó la posibilidad.
“No lo hemos platicado, no lo considero en este momento ni tan siquiera, queremos meternos al tema jurídico. No nos ha ofrecido (la FGR) ningún tipo de esa circunstancia, insisto, por eso ahorita más bien nosotros ofrecimos sentarnos y negociar un acuerdo reparatorio, porque la ley nos lo permite”, indicó.
