El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se metió ayer en campo político minado, al derogar una regla que ponía trabas al aborto, aunque avanza con cautela en este tema tan sensible en el país.
La medida es parte de un amplio paquete de iniciativas del nuevo presidente demócrata relacionadas con la salud, cuando el país enfrenta un fuerte brote de Covid-19 y, como nunca, lidia con un sistema de atención médica que deja a millones de personas sin cobertura.
En vísperas de la Marcha por la Vida anual del movimiento antiaborto, Biden firmó un decreto para abolir la llamada “Política de la Ciudad de México”, que prohíbe recibir fondos federales a las organizaciones internacionales sin fines de lucro que asesoran sobre abortos.
Revocar esta norma de la era Reagan, bautizada así porque se anunció en una conferencia de Naciones Unidas (ONU) sobre población en la capital mexicana, no es una sorpresa: desde que entró en vigor los presidentes republicanos la promulgaron y los demócratas la derogaron.
El secretario general de la ONU, António Guterres, elogió una decisión que “recuerda enérgicamente a las mujeres y niñas de todo el mundo que sus derechos son importantes”.
Pero se espera que Biden vaya más allá, ordenando una revisión de las reglas del gobierno de su antecesor, Donald Trump, que impidieron que las clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno en EU derivaran a mujeres para abortos.
El aborto es legal en Estados Unidos desde un fallo de la Corte Suprema de 1973 que garantiza el “derecho a elegir” de la mujer.
Biden apoya ese derecho, pero también es un miembro devoto de la Iglesia católica, la cual se opone firmemente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Fuertemente respaldada por los grupos antiaborto estadounidenses, la “Política de la Ciudad de México” de 1984 apunta a las oenegés extranjeras involucradas en el apoyo a la salud y la planificación familiar en países en desarrollo y cuyas operaciones se benefician de la ayuda financiera oficial de Estados Unidos.
A los pocos días de asumir el cargo en enero de 2017, Trump prohibió la extensión del financiamiento estadounidense a dichos grupos si apoyan, aconsejan u ofrecen abortos, o si brindan apoyo a otras ONG que apoyan el aborto. Según la Kaiser Family Foundation, eso impuso restricciones a más de 7 mil millones de dólares en ayuda estadounidense el año pasado, y potencialmente afectó a más de mil oenegés extranjeras.
