A la generación de cristal todo le ofende. Ese sector que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica representa casi un cuarto de la población del país, acostumbrado a desmontar lo viejo, lo que aborrece porque no lo entiende, ahora va contra la gallística mexicana.
Para nadie es un secreto que las apuestas son, en parte, el motor que arrastra la industria, que abarrota los palenques, que despierta los apetitos de encumbrados personajes en muchos círculos de poder.
Pero eso no es motivo para enfilar los odios contra una actividad económica que involucra diversos sectores productivos.
No obstante, mentalmente obnubilada, la diputada federal Carmen Bautista Peláez, presentó una iniciativa de ley con la que buscaba tipificar como delito todas las actividades relacionadas con las peleas de gallos.
Esta propuesta, soterrada en las páginas de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicada el martes 1 de septiembre, pretendía convertir en delito el criar, entrenar, poseer, transportar, comprar o vender un gallo de pelea.
De acuerdo con el texto que ya fue retirado, merecerían de seis meses a cinco años de cárcel, también, quien o quienes organizasen, promoviesen, anunciasen, patrocinasen o vendiesen entradas para asistir a espectáculos que implicaren peleas de gallos.
En el mismo huacal habrían entrado quienes poseyeren o administrasen una propiedad en la que se realizaren estas actividades con conocimiento. También se hubiese castigado a quienes llevasen a un menor de edad a estas exhibiciones.
Cualquier servidor público que hubiese sido sorprendido con las manos en el gallo o inmiscuyéndose de cualquier manera en la industria se habría hecho acreedor a una mitad más de la sanción penal prevista.
La supina ignorancia de la diputada pudo haber tenido terribles consecuencias para una industria que reporta ingresos por más de 29 mil millones de pesos y genera más de 500 mil empleos.
Del sector dependen criadores, músicos, utileros, arrendadores, narradores, médicos veterinarios, artesanos y otras tantas actividades que se hubiesen ido a la ruina por los ímpetus de la legisladora morenista.
Alegar que por falta de técnica legislativa este proyecto de decreto que buscó reformar el artículo 419 Bis del Código Penal no prosperará en San Lázaro sería demasiado ingenuo, porque en un país en donde sus poderes públicos están tocando fondo y se comportan a capricho, una legislación irreflexiva y con tantos defectos de fórmula -como esta, que adolece del estudio exhaustivo del bien jurídico protegido- es posible.
Si se quiere un ejemplo de la irrefrenable complacencia ahí tienen a la atenazada Suprema Corte de Justicia de la Nación obsequiándole al presidente su onerosa consulta a sus antecesores, aunque ello implique retorcer la Constitución que los ministros juraron proteger y defender.
En un país azotado por la crisis económica derivada de una pandemia inclemente, donde escasean los empleos y las oportunidades de negocios, atreverse a proscribir la gallística nacional sin ofrecer alternativas habría sido un crimen político y social.
No es por intrigar, pero solo faltó que los diputados de Morena hubiesen alegado que las peleas de gallos son herencia de nuestro “pasado neoliberal” y que, por ese simple hecho, por corruptas, había que desmontarlas, erradicarlas y proscribirlas.
No hubiese sido extraño que, movidos por el desconocimiento, los legisladores de la «4T» hubiesen aventado a los brazos del mercado negro de la clandestinidad a una industria que tributa impuestos y deja múltiples dividendos.
Por el momento la iniciativa ha sido retirada. Pero, en adelante: ¿no sería mejor que como en otros casos los diputados morenistas, incluida Carmen Bautista Peláez, consultaran necesariamente con sus electores si un cambio tan sensible puede ser viable?, es pregunta que no busca pelea.
