El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los nueve prioritarios del Gobierno Federal que tiene como objetivo dar una ayuda económica a jóvenes de entre 18 y 29 años para que aprendan un oficio en un centro de trabajo, entregó apoyos a fallecidos, repartió ayudas a personas que ya estaban recibiendo otras becas gubernamentales, y carece de mecanismos de control para validar los datos de los aspirantes a la beca.
Además, entre los Centros de Trabajo que participan en el programa ofreciendo un puesto de aprendiz a los becarios, se encontraron domicilios inexistentes o abandonados, mientras que otros centros localizados no presentaron documentos ni pruebas que amparen cuál fue la capacitación impartida a los jóvenes que recibieron la ayuda económica.
Estas son las principales irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe forense realizado a la Secretaría del Trabajo como parte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, en el que determinó que hay 57 millones de pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que la dependencia debe aclarar o justificar en qué se gastaron.
Reciben ayuda después de fallecer
En el informe número 374-DE, la ASF hizo una revisión del perfil de los jóvenes inscritos en el programa social que recibieron capacitación en un centro de trabajo, detectando que 68 personas recibieron la beca, a pesar de que al momento de que se les depositó el apoyo ya habían fallecido.
En total, esas 68 personas recibieron transferencias bancarias por 482 mil pesos, lo cual, en opinión de la Auditoría, “constató la falta de acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa”.
Sobre este punto, la ASF también refiere que, aun y cuando se hizo del conocimiento de esta irregularidad a la Secretaría del Trabajo, la dependencia no aportó información, ni documentación, que pruebe que recuperó el dinero entregado a las personas fallecidas. Tampoco informó cuáles son los procedimientos o mecanismos que utilizará para asegurar el reintegro de los recursos públicos a las arcas del Estado.
En respuesta, según consta en el informe forense, la Secretaría del Trabajo responsabilizó a los Centros de Trabajo por esta irregularidad.
“Los Centros de Trabajo son los responsables de desvincular a un beneficiario en caso de no cumplir lo establecido en el Plan de Capacitación, o en caso de situaciones extraordinarias tales como el fallecimiento de un becario”, apuntó la dependencia, que, como medida preventiva, propuso para este 2021 realizar un “cruce bimestral” de los beneficiarios que están en activo en el programa, con la base del Registro Nacional de Población (RENAPO), para así evitar el pago a personas fallecidas.
No obstante, la ASF apuntó que la dependencia no presentó tampoco la documentación que acredite la implementación de esta medida.
Centros de trabajo que no existen
Por otra parte, la Auditoría investigó a una muestra de siete Centros de Trabajo adscritos al programa, y encontró numerosas irregularidades en cuatro de esos centros que, supuestamente, capacitaron a 718 jóvenes que recibieron un total 5 millones 396 mil pesos de dinero público en becas.
Por ejemplo, los auditores visitaron los tres domicilios diferentes registrados por la empresa INAEP S.A.S. de CV y en ninguno fue encontrada: un domicilio era una bodega de artesanías que ya estaba vacía al momento de la visita de los auditores, otro un taller mecánico que no conocía a la empresa auditada, y otro un piso de oficinas vacías.
Por tanto, la ASF no pudo verificar la participación de esta razón social como Centro de Trabajo, ni la impartición de la capacitación a 212 jóvenes, a pesar de que éstos sí recibieron más de un millón de pesos de beca.
En cuanto a Construcciones y Servicios Lukman SA de CV, los auditores encontraron que se trata de una casa habitación, que no tiene la capacidad operativa ni la infraestructura para alojar a los 129 jóvenes que se supone que capacitó.
Una vez que los auditores lograron localizar al representante de esta razón social, éste aportó una lista de asistencia por beneficiario y un total de 138 fotografías. Sin embargo, la ASF detectó dos irregularidades: uno, que la lista de asistencia no tenía firmas de los asistentes. Y dos, que por medio de un software forense descubrió que las fotografías aportadas por la empresa como comprobante de la capacitación fueron tomadas en octubre y noviembre de 2020; es decir, un año después de que supuestamente hizo la capacitación de 129 personas que recibieron un millón 712 mil pesos.
Esta compañía tiene su dirección fiscal en Oaxaca capital, y según consta en la herramienta digital QuiénEsQuién.Wiki ha recibido al menos nueve contratos por 22 millones 850 mil pesos entre 2018 y 2020 de diferentes instancias gubernamentales, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como de múltiples presidencias municipales, incluyendo las de Juchitán y Oaxaca capital.
Por otra parte, los auditores también visitaron las empresas Barista Factory SA de CV y Technogourmet SA de CV, cuyos representantes legales dijeron que no las habían inscrito en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puesto que alguien habría usurpado sus identidades, motivo por el que interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía de la Ciudad de México.
Por ello, la Auditoría determinó que los 377 jóvenes inscritos al Programa en estos Centros de Trabajo no recibieron capacitación alguna, de ahí que recibieron de manera improcedente 2 millones 674 mil pesos.
Como consecuencia de todo lo anterior, la ASF determinó que la Secretaría del Trabajo “no contó con acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento” al desempeño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y determinó un probable daño de 5 millones 396 mil pesos por los pagos realizados a 718 beneficiarios inscritos en las cuatro empresas mencionadas.
La Secretaría del Trabajo, por su parte, respondió que a partir de estas irregularidades detectadas por la Auditoría, más las halladas por su propio personal, desde agosto de 2019 comenzó a realizar visitas de supervisión y verificación a todos los Centros de Trabajo, con el fin de tener “un seguimiento constante” y “determinar el cumplimiento de objetivos del Programa y obligaciones de los tutores y aprendices”.
Sin embargo, la ASF señala que “no se proporcionó información justificativa y comprobatoria de las visitas realizadas a todos los Centros de Trabajo”, por lo que no dio por solventada en su totalidad la observación, y emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa para que el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo investigue a los funcionarios de esta dependencia por este probable daño al erario.
Duplicidad de apoyos
Por otra parte, la ASF señaló que hubo otro probable daño al erario por 48 millones 628 mil pesos por los pagos realizados a 3 mil 188 becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes no debían estar trabajando ni estudiando para ser parte de este programa, y que, sin embargo, estaban recibiendo al mismo tiempo apoyos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que permanecieran estudiando en una escuela.
Asimismo, detectó otro probable daño por 2 millones 584 mil pesos por los pagos realizados a 183 beneficiarios que tampoco debían estar trabajando ni estudiando para ser parte del programa y que, sin embargo, también estaban recibiendo dinero del Programa de Apoyo a la Educación Indígena para que terminaran su formación escolar en escuelas públicas.
Más irregularidades
La Auditoría hizo, además, otras dos investigaciones al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero analizando los recursos destinados a este programa que ejecutó la Secretaría de Educación Pública.
En el informe de cumplimiento financiero 104-DS, la ASF señaló que la SEP benefició con becas a más de 35 mil personas que no cumplían con los requisitos para acceder a la ayuda, otorgó apoyos económicos a más de 29 mil personas por arriba del monto establecido en las bases del programa, y depositó becas con una diferencia de hasta cuatro meses entre el primer y el último pago, lo cual disparó el riesgo de deserción escolar entre los alumnos becados.
Mientras que en la auditoría 105-DS, la ASF apuntó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) hizo pagos improcedentes por 6 millones 960 mil pesos a 736 beneficiarios mayores de 29 años (la edad máxima para recibir la beca) y señaló que no aportó documentación que compruebe el pago a 475 beneficiarios por 9 millones 523 mil pesos.
