Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó este lunes que lleva ya más de un año privada de manera arbitraria de su libertad bajo el argumento de que no ha colaborado para que autoridades obtengan la información que buscan.
«Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia», indicó en una carta publicada en sus redes sociales.
La exfuncionaria señaló que tiene información confiable, proveniente de fuentes al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), de que las autoridades se han reunido con excolaboradores suyos ofreciéndoles impunidad a cambio de que declaren lo necesario.
«También sé que lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad (como en otros casos) es señalando como responsables a excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad», advirtió.
Robles agregó que no mentirá para obtener su libertad y que seguirá luchando por medio de causas legales para probar su inocencia, confiando en el sistema judicial.
A la exfuncionaria se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico (el expresidente Enrique Peña Nieto) de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu.
Los delitos que se le imputan están previstos en la fracción III, del artículo 214 del Código Penal Federal, y sancionados en el último párrafo de dicho ordenamiento, los cuales no prevén la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora Dolores Padierna, la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.
