Un tribunal de Reino Unido decidió este lunes no extraditar a Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos por 18 cargos de espionaje e intrusión informática, que suponen 175 años de prisión.
Después de conocerse la noticia, la fiscalía británica anunció su intención de recurrir el veredicto, lo que podrá alargar el caso durante meses.
Al pronunciar su fallo en la corte penal londinense de Old Bailey, la jueza británica Vanessa Baraitser dijo que rechazó la extradición por el alto riesgo a la salud que supondría para el acusado.
“He considerado pruebas sobre las posibles condiciones en una prisión estadunidense”, señaló, y consideró “demostrado” que Assange, de 49 años, presenta riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en Estados Unidos, donde probablemente sería retenido en condiciones de confinamiento”.
La juez Baraitser también ha hecho referencia a declaraciones de la CIA que considera al fundador de Wikileaks como una persona “hostil”.
De ser extraditado a Estados Unidos y sentenciado en ese país, supondría que el australiano sería sometido a un régimen de aislamiento lo que podría dañar gravemente la salud mental de Assange, que tiende a la depresión, según señaló la jueza.
Sin embargo, Baraitser rechazó los argumentos de la defensa de Assange, que argumentó que la extradición supondría un golpe a la libertad de expresión. La juez aseguró que la libertad de expresión no proporciona “una discreción sin límites al señor Assange para decidir lo que va a publicar”.
Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks.
La plataforma de información fundada por Assange puso al descubierto del público a nivel mundial un video e informes estadunidenses sobre las operaciones militares en la guerra en Afganistán e Irak, que representan graves violaciones a los derechos humanos, y por las que nadie ha sido juzgado.
En su ofensiva contra Assange Estados Unidos le acusa de17 cargos de espionaje e intrusión informática, que podrían llegar a 175 años de prisión.
La defensa del acusado argumentó que su función era similar a la de un periodista y cualquier acción puede tener impacto en cualquier periodista.
